SEGURIDAD CIUDADANA TRÁFICO POLÍTICO.

Equívocamente en algunas administraciones de nuestro país, se visibiliza el tema de seguridad ciudadana como bien y provecho para el político de turno, demostrando completo desinterés y alto grado de inconsciencia con incapacidad técnica para orientar verdaderas acciones.

En la actualidad existe una política marco de convivencia y seguridad propuesta desde el ejecutivo, en donde se exhorta, dirige y casi se ordena a los alcaldes y gobernadores las creaciones de sus respectivas, secretarías de seguridad y convivencia ciudadana; entendiéndose que esta función se delega a su Secretaria de Gobierno, siendo infructuosa su gestión ya que este como bien se sabe, por lo general asume las relaciones políticas de su alcalde o gobernador , de forma prioritaria, además de que la mayoría de personas que ocupan este cargo son inapropiadas para el manejo sensible y preferente de la convivencia ; Aunado a lo anterior, de forma recurrente dirigen hacia la institución Policía Nacional la absoluta responsabilidad de la seguridad ciudadana, solo posando socialmente en sus reuniones de coordinación legítimamente constituidas, tales como, consejos de seguridad y otras para justificar su desempeño.

La mayoría de las veces observamos que acreditan sus resultados a través de las estadísticas oficiales avaladas por Medicina Legal, Fiscalía General de la Nación o Policía Nacional relacionando los delitos cometidos y que son denunciados, es decir, una seguridad objetiva, dejando insolentemente de lado la función esencial de la seguridad subjetiva que en términos prácticos es la denominada Percepción . Los resultados conocidos con relación al año anterior (2019) , en materia de seguridad objetiva tuvieron una reducción un poco significativa, debido a las circunstancias actuales de la pandemia en donde las restricciones fueron casi absolutas de libre movilidad , siendo lógico encontrar estos resultado; en contra -vía de esta reducción Objetiva , observamos con gran preocupación el aumento considerable de la percepción de inseguridad ciudadana, siendo responsables las administraciones locales quienes en forma deficiente actúan sin tener o darle continuidad a una política social de seguridad, debidamente articulada e integrada con las demás dependencias del municipio o gobernación, desestimando buenas acciones anteriores y en otras acudiendo a malas prácticas traficando conciencias con la simple ubicación de una cámara de seguridad o una alarma comunitaria a través de sus líderes, para la posterior consecución de votos en beneficio sus propios intereses.

El empoderamiento ciudadano en el tema de seguridad es esencial, pero lo desconocen y permiten el abandono y deterioro de zonas seguras en donde se ha tratado de recuperar la percepción. La Policía Nacional tiene función constitucional muy clara y se recuerda que a través de la ley 062, los alcaldes son los respectivos jefes de policía en su jurisdicción más no son comandantes de la institución policial, significando que estos alcaldes y gobernadores son los responsables primarios de las políticas sociales de seguridad en pro de la convivencia pacífica ciudadana; no faltará concejal o político de la administración que se escudará en sus insulsas razones y justificaciones determinando un aumento de la burocracia, dejando clara su actuación politiquera e ignorancia supina.

A la sociedad se le debe garantizar un ambiente sano y seguro , satisfaciendo de esta forma sus expectativas de libre -segura y despreocupada movilidad y las administraciones están en su deber de tratar de satisfacer estas perspectivas , con simples actividades en sus roles, como el mantener iluminado, aseado, con eficientes servicios públicos y sanitarios ( ornato y embellecimiento público), a sus comunidades ya que coadyuvan al mejoramiento notorio de la percepción.

HERNÁN SILVA CALDERÓN.

Coronel (RA). Experto en Seguridad Pública.

Nota: Cero Censura no es responsable de la opinión aquí expresada, las consecuencias de la misma son de su autor.